A continuación el texto íntegro de la respuesta de la Secretaría de Gobernación:
Porfirio Muñoz Ledo, Candidato del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana a la Presidencia de la República,
Presente:
La Presidencia de la República ha turnado a esta Secretaría para su respuesta, la comunicación que se sirvió dirigir usted con fecha del día nueve de los corrientes
Respecto al contenido de su carta, conviene hacer las siguientes precisiones:
El subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación, Armando Labra, llega a dar lectura a la respuesta a la carta de Porfirio Muñoz Ledo.
1. No corresponde con los hechos lo que usted afirma en la primera parte de su texto. En realidad fue desde el inicio y a lo largo de su campaña electoral, que el entonces candidato Ernesto Zedi-llo convocó a emprender, mediante un acuerdo amplio, una reforma política para avanzar a una plena normalidad democrática.
El 4 de agosto de 1994 —esto es, bien antes de las elecciones y obviamente de la calificación electoral—, el Dr. Ernesto Zedillo invitó “a los candidatos de todos los partidos a identificar convergencias en particular acerca de la unidad nacional, la democracia y el pluralismo”.
En el acto mismo de su toma de posesión como presidente de la República, el Dr. Ernesto Zedillo reiteró, sin que mediara petición ni presión alguna, su convocatoria “a todas las fuerzas políticas, todas las dirigencias partidistas, todas las organizaciones sociales (a fin) de contribuir a que dejemos atrás, para siempre, las dudas y controversias sobre la legalidad electoral”.
Desde el mismo mes de diciembre de 1994, El presidente Zedillo personalmente sostuvo reuniones con miembros de los grupos parlamentarios que integraban la H. Cámara de Diputados y el H. Senado de la República; con las dirigencias de los partidos políticos y con representantes de diversas organizaciones sociales, para avanzar en la democratización del país.
Como uno de los participantes en esas reuniones, recordará usted que el 17 de enero de 1995 se suscribió, en la Residencia Oficial de Los Pinos, El Acuerdo Político Nacional.
Con base en ese Acuerdo, en el que usted firmó, como Presidente del Partido de la Revolución Democrática, se impulsó una amplia reforma política en la que ocupó un lugar destacado la reforma electoral.
2. Tras muchos meses de negociaciones —cuya complejidad usted conoce bien pues intervino dilatadamente en ellas—, en agosto de 1996 se apoyó una amplia reforma constitucional en materia electoral.
Es pertinente subrayar que, por primera vez en la historia moderna de México, dicha reforma fue aprobada prácticamente por unanimidad en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Recordará usted que el partido que usted presidía entonces votó a favor de la reforma.
3. Parece oportuno recordar algunos de los avances más significativos de la reforma electoral:
3.1 La reforma establece por primera vez en nuestra historia que la afiliación de un ciudadano a un partido político es estrictamente libre, voluntaria e individual.
3.2 La reforma confiere plena autonomía a las autoridades electorales. El Poder Ejecutivo ya no tiene ninguna injerencia en el Instituto Federal Electoral. Los consejeros y el Presidente del Consejo General del Instituto ahora son designados por el voto de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados a propuesta de los grupos parlamentarios.
3.3 La reforma también fortaleció la justicia electoral,. Ahora, la constitucionalidad de las leyes electorales es sancionada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
3.4 De igual modo, se fortalecieron los órganos encargados de resolver las controversias electorales. Por primera vez, el Ejecutivo Federal ya no interviene en la integración del Tribunal Federal Electoral, que ahora está incorporado al Poder Judicial de la Federación. Los actos y resoluciones de las autoridades electorales, tanto locales como federales, pueden ser revisados para asegurar su apego a la Constitución.
3.5 Por primera vez en la historia del país, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal ya no fue designado por el Presidente de la República, sino fue electo por el voto directo universal y secreto de los ciudadanos de la capital.
3.6 Con la reforma se han establecido principios constitucionales y pautas legales, claras y justas a fin de garantizar el financiamiento de los partidos políticos, sus candidatos y campañas, con recursos públicos transparentes y auditables.
3.7 Asimismo, la reforma estableció normas claras y justas para que todos los partidos políticos y todos los candidatos tengan acceso a todos los medios de comunicación.
4. Esta reforma constitucional y las correspondientes reformas a diversos ordenamientos legales normaron ya las elecciones federales de 1997 e inspiraron reformas a las leyes de los estados, que ya rigen sus procesos electorales con apego a la nueva normatividad constitucional.
5. Los resultados de la reforma están a la vista: hoy los mexicanos contamos con leyes claras y justas para normar nuestras elecciones; hoy contamos con instituciones autónomas encargadas de organizar y calificar nuestras elecciones; hoy contamos con autoridades electorales cuya independencia y profesionalismo están cabalmente acreditados; hoy también contamos con órganos jurisdiccionales competentes para atender y resolver las controversias electorales conforme a Derecho.
Como usted sabe, la reforma electoral también ha animado una competencia política genuina y plural, como lo demuestra el que hoy 10 estados de la República y el Distrito Federal estén gobernados por partidos de oposición. Asimismo, en la H. Cámara de Diputados los propios partidos de oposición forman mayoría.
En lo que se refiere a la actual contienda electoral, la reforma de 1996 ha posibilitado que el financiamiento a los partidos adquiera características inéditas en la historia de México. Así por ejemplo, mientras que en las elecciones de 1994, el PRI recibió el 52 por ciento del financiamiento público disponible, en las elecciones del año 2000, la Alianza por México cuenta con el 34 por ciento, la Alianza por el Cambio cuenta con el 30 por ciento y el PRI con el 30 por ciento de los recursos públicos.
Además, todos los partidos y candidatos, incluyendo desde luego al que lo postuló a usted, están contando con acceso a los medios electrónicos de comunicación.
6. Estará usted consciente de que el Ejecutivo Federal no tiene ya ninguna injerencia en la organización, en el desarrollo y calificación de las elecciones, ni en la solución de las controversias electorales. El Gobierno de la República ha expresado y, por mi conducto, hoy ratifica enfáticamente su más absoluta confianza en las leyes, instituciones y autoridades electorales para garantizar comicios legales, libres, transparentes y justos. El gobierno tiene entera certeza de que los resultados de las próximas elecciones serán decididos exclusivamente por el voto libre, individual y secreto de los mexicanos.
7. Incumbe, sí, al Ejecutivo Federal contribuir en el marco de la ley a garantizar que el proceso electoral y la renovación de Poderes se lleve a cabo en un clima de libertad, legalidad, civilidad y tranquilidad. Justamente es lo que el Gobierno de la República ha venido haciendo hasta ahora.
Con todo, también se requiere que cada partido y cada candidato asuman a plenitud el nuevo marco legal que rigen nuestras elecciones. Por supuesto que los partidos y candidatos están en su libre derecho de buscar y celebrar cualquier acuerdo para reforzar, en sus campañas, el respeto y la civilidad que como mexicanos nos debemos todos, sin menoscabo de la ley, sin buscar suplantar a las autoridades electorales y sin afanes de protagonismo.
8. Me permito reiterar a usted que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Gobernación ha mantenido, y seguirá manteniendo, las puertas abiertas para dialogar y convenir con todos los partidos y candidatos que así lo deseen, bien sea conjuntamente o en lo individual, cualquier medida que consolide nuestra vida democrática.
9. De hecho, durante los meses recientes usted ha podido comprobar esta política de puertas abiertas, al entrevistarse en diversas ocasiones con el C. Secretario de Gobernación, con el C. Procurador General de la República, así como con el suscrito , a fin de examinar los diferendos que existen entre usted y la dirigencia del partido que lo ha postulado a la Presidencia de la República.
Sí debo insistir en que, como usted lo pudo advertir en esas entrevistas, el único límite de nuestra ayuda es la ley y el no ceder ante ofrecimientos o proposiciones que están al margen del Derecho y la ética política.
Estos criterios fueron expuestos con todo detalle en esas reuniones en las que usted planteó su interés de recibir el apoyo del Gobierno para tomar el control del PARM, indicando que esto se lograría si su actual dirigente fuera acusado por las autoridades competentes de estar involucrado en actividades del narcotráfico. En esas ocasiones Ud. indicó que, de no recibir tal apoyo, no tendría más opción que unirse al candidato del PAN.
Se le respondió que de ninguna manera el gobierno aceptaría presiones de esa naturaleza. Sin embargo, se le comentó que la autoridad competente investigaría con toda seriedad su señalamiento, cumpliendo así con su responsabilidad legal.
Como es de su conocimiento, la PGR llevó a cabo distintas diligencias de averiguación previa, incluyendo la declaración ministerial del presidente del PARM, sin que se haya comprobado la presunción por usted planteada.
Si, en cualquier caso, está en la preocupación o en el interés de usted formalizar alguna inconformidad o controversia en materia electoral, cabe sugerirle con todo respeto que acuda a los órganos jurisdiccionales competentes.
Atentamente
Lic. Armando Labra Manjarrez
Presente:
La Presidencia de la República ha turnado a esta Secretaría para su respuesta, la comunicación que se sirvió dirigir usted con fecha del día nueve de los corrientes
Respecto al contenido de su carta, conviene hacer las siguientes precisiones:
El subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación, Armando Labra, llega a dar lectura a la respuesta a la carta de Porfirio Muñoz Ledo.
1. No corresponde con los hechos lo que usted afirma en la primera parte de su texto. En realidad fue desde el inicio y a lo largo de su campaña electoral, que el entonces candidato Ernesto Zedi-llo convocó a emprender, mediante un acuerdo amplio, una reforma política para avanzar a una plena normalidad democrática.
El 4 de agosto de 1994 —esto es, bien antes de las elecciones y obviamente de la calificación electoral—, el Dr. Ernesto Zedillo invitó “a los candidatos de todos los partidos a identificar convergencias en particular acerca de la unidad nacional, la democracia y el pluralismo”.
En el acto mismo de su toma de posesión como presidente de la República, el Dr. Ernesto Zedillo reiteró, sin que mediara petición ni presión alguna, su convocatoria “a todas las fuerzas políticas, todas las dirigencias partidistas, todas las organizaciones sociales (a fin) de contribuir a que dejemos atrás, para siempre, las dudas y controversias sobre la legalidad electoral”.
Desde el mismo mes de diciembre de 1994, El presidente Zedillo personalmente sostuvo reuniones con miembros de los grupos parlamentarios que integraban la H. Cámara de Diputados y el H. Senado de la República; con las dirigencias de los partidos políticos y con representantes de diversas organizaciones sociales, para avanzar en la democratización del país.
Como uno de los participantes en esas reuniones, recordará usted que el 17 de enero de 1995 se suscribió, en la Residencia Oficial de Los Pinos, El Acuerdo Político Nacional.
Con base en ese Acuerdo, en el que usted firmó, como Presidente del Partido de la Revolución Democrática, se impulsó una amplia reforma política en la que ocupó un lugar destacado la reforma electoral.
2. Tras muchos meses de negociaciones —cuya complejidad usted conoce bien pues intervino dilatadamente en ellas—, en agosto de 1996 se apoyó una amplia reforma constitucional en materia electoral.
Es pertinente subrayar que, por primera vez en la historia moderna de México, dicha reforma fue aprobada prácticamente por unanimidad en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Recordará usted que el partido que usted presidía entonces votó a favor de la reforma.
3. Parece oportuno recordar algunos de los avances más significativos de la reforma electoral:
3.1 La reforma establece por primera vez en nuestra historia que la afiliación de un ciudadano a un partido político es estrictamente libre, voluntaria e individual.
3.2 La reforma confiere plena autonomía a las autoridades electorales. El Poder Ejecutivo ya no tiene ninguna injerencia en el Instituto Federal Electoral. Los consejeros y el Presidente del Consejo General del Instituto ahora son designados por el voto de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados a propuesta de los grupos parlamentarios.
3.3 La reforma también fortaleció la justicia electoral,. Ahora, la constitucionalidad de las leyes electorales es sancionada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
3.4 De igual modo, se fortalecieron los órganos encargados de resolver las controversias electorales. Por primera vez, el Ejecutivo Federal ya no interviene en la integración del Tribunal Federal Electoral, que ahora está incorporado al Poder Judicial de la Federación. Los actos y resoluciones de las autoridades electorales, tanto locales como federales, pueden ser revisados para asegurar su apego a la Constitución.
3.5 Por primera vez en la historia del país, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal ya no fue designado por el Presidente de la República, sino fue electo por el voto directo universal y secreto de los ciudadanos de la capital.
3.6 Con la reforma se han establecido principios constitucionales y pautas legales, claras y justas a fin de garantizar el financiamiento de los partidos políticos, sus candidatos y campañas, con recursos públicos transparentes y auditables.
3.7 Asimismo, la reforma estableció normas claras y justas para que todos los partidos políticos y todos los candidatos tengan acceso a todos los medios de comunicación.
4. Esta reforma constitucional y las correspondientes reformas a diversos ordenamientos legales normaron ya las elecciones federales de 1997 e inspiraron reformas a las leyes de los estados, que ya rigen sus procesos electorales con apego a la nueva normatividad constitucional.
5. Los resultados de la reforma están a la vista: hoy los mexicanos contamos con leyes claras y justas para normar nuestras elecciones; hoy contamos con instituciones autónomas encargadas de organizar y calificar nuestras elecciones; hoy contamos con autoridades electorales cuya independencia y profesionalismo están cabalmente acreditados; hoy también contamos con órganos jurisdiccionales competentes para atender y resolver las controversias electorales conforme a Derecho.
Como usted sabe, la reforma electoral también ha animado una competencia política genuina y plural, como lo demuestra el que hoy 10 estados de la República y el Distrito Federal estén gobernados por partidos de oposición. Asimismo, en la H. Cámara de Diputados los propios partidos de oposición forman mayoría.
En lo que se refiere a la actual contienda electoral, la reforma de 1996 ha posibilitado que el financiamiento a los partidos adquiera características inéditas en la historia de México. Así por ejemplo, mientras que en las elecciones de 1994, el PRI recibió el 52 por ciento del financiamiento público disponible, en las elecciones del año 2000, la Alianza por México cuenta con el 34 por ciento, la Alianza por el Cambio cuenta con el 30 por ciento y el PRI con el 30 por ciento de los recursos públicos.
Además, todos los partidos y candidatos, incluyendo desde luego al que lo postuló a usted, están contando con acceso a los medios electrónicos de comunicación.
6. Estará usted consciente de que el Ejecutivo Federal no tiene ya ninguna injerencia en la organización, en el desarrollo y calificación de las elecciones, ni en la solución de las controversias electorales. El Gobierno de la República ha expresado y, por mi conducto, hoy ratifica enfáticamente su más absoluta confianza en las leyes, instituciones y autoridades electorales para garantizar comicios legales, libres, transparentes y justos. El gobierno tiene entera certeza de que los resultados de las próximas elecciones serán decididos exclusivamente por el voto libre, individual y secreto de los mexicanos.
7. Incumbe, sí, al Ejecutivo Federal contribuir en el marco de la ley a garantizar que el proceso electoral y la renovación de Poderes se lleve a cabo en un clima de libertad, legalidad, civilidad y tranquilidad. Justamente es lo que el Gobierno de la República ha venido haciendo hasta ahora.
Con todo, también se requiere que cada partido y cada candidato asuman a plenitud el nuevo marco legal que rigen nuestras elecciones. Por supuesto que los partidos y candidatos están en su libre derecho de buscar y celebrar cualquier acuerdo para reforzar, en sus campañas, el respeto y la civilidad que como mexicanos nos debemos todos, sin menoscabo de la ley, sin buscar suplantar a las autoridades electorales y sin afanes de protagonismo.
8. Me permito reiterar a usted que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Gobernación ha mantenido, y seguirá manteniendo, las puertas abiertas para dialogar y convenir con todos los partidos y candidatos que así lo deseen, bien sea conjuntamente o en lo individual, cualquier medida que consolide nuestra vida democrática.
9. De hecho, durante los meses recientes usted ha podido comprobar esta política de puertas abiertas, al entrevistarse en diversas ocasiones con el C. Secretario de Gobernación, con el C. Procurador General de la República, así como con el suscrito , a fin de examinar los diferendos que existen entre usted y la dirigencia del partido que lo ha postulado a la Presidencia de la República.
Sí debo insistir en que, como usted lo pudo advertir en esas entrevistas, el único límite de nuestra ayuda es la ley y el no ceder ante ofrecimientos o proposiciones que están al margen del Derecho y la ética política.
Estos criterios fueron expuestos con todo detalle en esas reuniones en las que usted planteó su interés de recibir el apoyo del Gobierno para tomar el control del PARM, indicando que esto se lograría si su actual dirigente fuera acusado por las autoridades competentes de estar involucrado en actividades del narcotráfico. En esas ocasiones Ud. indicó que, de no recibir tal apoyo, no tendría más opción que unirse al candidato del PAN.
Se le respondió que de ninguna manera el gobierno aceptaría presiones de esa naturaleza. Sin embargo, se le comentó que la autoridad competente investigaría con toda seriedad su señalamiento, cumpliendo así con su responsabilidad legal.
Como es de su conocimiento, la PGR llevó a cabo distintas diligencias de averiguación previa, incluyendo la declaración ministerial del presidente del PARM, sin que se haya comprobado la presunción por usted planteada.
Si, en cualquier caso, está en la preocupación o en el interés de usted formalizar alguna inconformidad o controversia en materia electoral, cabe sugerirle con todo respeto que acuda a los órganos jurisdiccionales competentes.
Atentamente
Lic. Armando Labra Manjarrez
